En febrero de 2026, Argentina vive una confluencia de apertura comercial sin precedentes en su historia reciente. En menos de tres meses firmó un acuerdo bilateral con la economía más grande del mundo, suscribió otro específico de minerales críticos y su Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea. Son tres movimientos que apuntan en la misma dirección, pero operan bajo marcos jurídicos distintos, con cronogramas de implementación propios y riesgos diferenciados. A esa ecuación se sumó, el 20 de febrero de 2026, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que alteró parcialmente el andamiaje arancelario del acuerdo bilateral, sin afectar sus elementos más operativos en el corto plazo.

El Acuerdo Recíproco en Comercio e Inversiones (ARCI), suscripto el 5 de febrero de 2026 por el canciller Pablo Quirno y el Representante Comercial de US (USTR) Jamieson Greer, no es un tratado de libre comercio en sentido estricto. Es un instrumento bilateral amplio que elimina barreras arancelarias en más de 200 categorías de bienes de US con destino a Argentina, suprime barreras no arancelarias de larga data, establece el reconocimiento de estándares técnicos de US o internacionales sin doble certificación, y abre el mercado argentino a insumos, maquinaria y productos agropecuarios que enfrentaban obstáculos formales. En sentido contrario, US se comprometió a eliminar aranceles sobre bienes donde Argentina tiene ventaja comparativa y a aplicar una tasa máxima del 10% sobre los demás bienes argentinos (USTR, 2026a).

El 20 de febrero, la Corte Suprema de US resolvió por seis votos contra tres en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no autoriza al Presidente a imponer aranceles. Dado que las concesiones arancelarias que US ofrecía a Argentina en el ARCI descansaban en órdenes ejecutivas fundadas en la IEEPA, esas concesiones quedaron sin sustento jurídico propio. Ese mismo día, el presidente Trump firmó un arancel global del 10% bajo la Sección 122 del Trade Act de 1974, instrumento alternativo con limitaciones distintas. El efecto práctico es que la tasa máxima del 10% sobre bienes argentinos prevista en el ARCI se mantiene de facto, aunque bajo una base legal diferente que requerirá actualización formal del acuerdo. Las concesiones de Argentina, en cambio, siguen en plena vigencia porque están fundadas en compromisos domésticos propios, independientes de la IEEPA (Supreme Court of the United States, 2026; CNBC, 2026a).

El componente más operativo e inmediato del paquete bilateral es la Proclamación Presidencial firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2026, “Ensuring Affordable Beef for the American Consumer”, fundada en la Sección 404 de la Uruguay Round Agreements Act y la Sección 604 del Trade Act de 1974. Esta Proclamación amplía el cupo de importación de lean beef trimmings de Argentina en 80.000 toneladas métricas para 2026, divididas en cuatro tramos trimestrales de 20.000 tm. La base legal de esta medida es completamente independiente de la IEEPA y no fue alcanzada por el fallo de la Corte Suprema. El primer tranche abrió el 13 de febrero y opera bajo administración first-come, first-served, con e-CERT electrónico obligatorio por cada entrada (White House, 2026a; CBP, 2026).

El 4 de febrero, un día antes de la firma del ARCI, Argentina suscribió en Washington un instrumento bilateral de minerales críticos en el marco de un Ministerial convocado por el Secretario de Estado Marco Rubio, con representantes de 54 países. El instrumento establece precios de referencia y piso para minerales estratégicos, facilita el acceso de capital de US a través del EXIM Bank y la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC) a proyectos de litio y cobre en territorio argentino, e integra a Argentina a la arquitectura FORGE, sucesora del Minerals Security Partnership (State Department, 2026). Para Argentina, cuyas exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares en 2025 con un crecimiento interanual de casi el 30%, esto representa tanto una oportunidad de financiamiento como un compromiso explícito de gobernanza (Panorama Minero, 2026).

Este reporte analiza el ARCI y sus condiciones de implementación actualizadas, el estado jurídico post-fallo de la Corte Suprema, los sectores con mayor potencial, las variables geopolíticas que condicionan la ejecución, y los riesgos que no deben subestimarse.

El momento en que confluyen los acuerdos

En noviembre de 2025, los presidentes Javier Milei y Donald Trump anunciaron el marco inicial del acuerdo bilateral, el primero de esta escala entre ambos países en décadas, sustentado en una afinidad ideológica que acortó negociaciones que en otro contexto habrían tomado años (White House, 2025; USTR, 2025). El texto definitivo se firmó el 5 de febrero de 2026. Al día siguiente, Trump firmó la Proclamación sobre carne. El día anterior a la firma del ARCI, Argentina había suscripto el instrumento de minerales críticos en Washington.

La simultaneidad no es casual. Refleja una estrategia argentina de apertura acelerada con señales creíbles hacia los mercados, y una estrategia de US de construir socios confiables en el hemisferio sur para contrarrestar la influencia china en materias primas estratégicas. Para Argentina, que en 2023 registró a US como destino de apenas el 8,5% de sus exportaciones totales, el acuerdo apunta a diversificar su canasta exportadora y atraer inversiones que el país necesita para crecer.

La decisión de la Corte Suprema del 20 de febrero de 2026 añadió una capa de complejidad jurídica a un proceso que ya era complejo por naturaleza. El fallo no desmanteló el acuerdo sino que modificó su arquitectura arancelaria, forzando una transición de instrumentos legales que el gobierno de Trump gestionó con rapidez el mismo día del pronunciamiento. La relación bilateral sigue siendo sólida; lo que cambió es el mapa técnico-legal sobre el que se ejecuta.

Qué cambia y qué habilita el ARCI

El ARCI no tiene la estructura de un tratado de libre comercio con cronograma de desgravación progresiva y mecanismo de solución de controversias entre privados. Es un instrumento ejecutivo que establece concesiones arancelarias recíprocas de aplicación directa, sujeto a revisión por ambas partes y a la condición de que Argentina avance en las reformas comprometidas en materia de propiedad intelectual y normas técnicas (USTR, 2026a).

Cuando el ARCI fue firmado, las concesiones de US descansaban en dos órdenes ejecutivas basadas en la IEEPA. La EO 14257, que establecía el régimen arancelario recíproco global, y la EO 14360, que eximía a determinados bienes argentinos de aranceles adicionales. El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump que la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles, porque la norma no menciona explícitamente ese poder y el establecimiento de aranceles es históricamente una atribución del Congreso. La decisión fue de seis votos a favor y tres en disidencia, con una opinión mayoritaria redactada por el presidente del Tribunal, John Roberts (Supreme Court of the United States, 2026).

En términos prácticos, las órdenes ejecutivas en las que se basaban las concesiones arancelarias de US a Argentina quedaron sin efecto. El mismo 20 de febrero, el presidente Trump firmó un nuevo arancel global del 10% fundado en la Sección 122 del Trade Act de 1974, herramienta alternativa con un techo legal del 15% y una vigencia máxima de 150 días sin extensión del Congreso. Para Argentina, el resultado neto es que la tasa máxima del 10% prevista en el ARCI se mantiene sobre la mayoría de los bienes, aunque bajo una base legal diferente. El ARCI requerirá una actualización formal de sus cláusulas arancelarias para quedar anclado en la nueva arquitectura legal (CNBC, 2026a; Tax Foundation, 2026).

Del lado argentino, todos los compromisos siguen en plena vigencia. La eliminación de aranceles sobre más de 200 categorías de bienes de US, los cupos sin arancel para automóviles, ganado bovino vivo y productos avícolas, la supresión de requisitos de registro previo para instalaciones de US que exporten alimentos, y las concesiones en propiedad intelectual y normas técnicas están fundadas en actos propios de Argentina, independientes de la IEEPA. La Tabla 1 sintetiza los cambios principales en la relación bilateral tal como quedaron configurados a la fecha de este informe.

Tabla 1. Cambios principales en la relación bilateral Argentina-US: situación previa vs. ARCI (febrero 2026)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de White House (2025, 2026a), USTR (2025, 2026a) y CBP (2026).

La eliminación de licencias no automáticas para bienes de US es el cambio con mayor impacto operativo a corto plazo para importadores argentinos. Hasta el ARCI, los importadores de cientos de categorías debían tramitar habilitaciones previas que el Estado podía usar para regular flujos según la disponibilidad de reservas. Su eliminación acorta tiempos de nacionalización y mejora la previsibilidad de la cadena de suministro.

La supresión de trámites consulares y la eliminación de la tasa estadística del 3% tienen impacto directo y cuantificable sobre costos de importación. Para una empresa que importa 500.000 dólares anuales desde US, esos 15.000 dólares dejan de existir sin ninguna acción adicional de su parte, lo cual mejora el margen del negocio sin requerir ninguna inversión.

El reconocimiento de estándares técnicos de US es quizás el cambio más transformador en términos de costo de entrada al mercado argentino para empresas de ese origen. Un fabricante de equipamiento médico con aprobación de la FDA ya no necesita pasar por ANMAT. Lo mismo aplica para vehículos bajo normas NHTSA y EPA, y para alimentos bajo estándares del USDA (USTR, 2025). Para el ecosistema regulatorio local, esto reduce el rol de IRAM, INTI, SENASA y ANMAT en el control de ingreso de productos de origen estadounidense, y modifica el campo de juego competitivo para los productores locales.

Argentina asumió como compromisos concretos en propiedad intelectual, abordar los problemas señalados en el informe Special 301 del USTR, que incluyen retrasos en el otorgamiento de patentes y criterios de patentabilidad, y cerrar un mercado notorio de bienes falsificados en la región (White House, 2025). Para laboratorios de genéricos argentinos, el nuevo régimen implica ajustes en las estrategias de desarrollo de pipeline porque el tiempo disponible para operar con una molécula antes de la entrada del producto de marca se acorta.

En materia digital, Argentina reconoció a US como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos personales y se comprometió a no discriminar servicios digitales de origen estadounidense ni imponer impuestos específicos sobre ellos. Esta cláusula tiene alto valor para empresas de cloud computing, fintech y plataformas de servicios que operan desde o hacia Argentina, porque elimina una fuente de incertidumbre legal que frenaba contratos B2B y el diseño de infraestructuras de datos.

Proclamación sobre carne

La Proclamación “Ensuring Affordable Beef for the American Consumer”, firmada el 6 de febrero de 2026, tiene una base legal completamente separada de la IEEPA y, por lo tanto, no fue alcanzada por el fallo de la Corte Suprema del 20 de febrero. Sus fundamentos son la Sección 404 de la Uruguay Round Agreements Act y la Sección 604 del Trade Act de 1974, dos instrumentos con larga trayectoria de aplicación y respaldo jurisprudencial consolidado. La justificación de fondo es que el ganado bovino de US cayó a un mínimo histórico de 86,2 millones de cabezas tras años de sequías y fuegos en Texas, Kansas, Nebraska y Dakota del Sur, y el precio del beef alcanzó en diciembre de 2025 el récord de 6,69 dólares por libra, el más alto registrado desde 1984 (White House, 2026a; AGDAILY, 2026).

La Proclamación aplica exclusivamente a lean beef trimmings, es decir, recortes de carne magra destinados a la producción de ground beef a escala industrial. Los códigos habilitados del arancel armonizado de US son 0201.30.5091, 0201.30.5097, 0202.30.5091 y 0202.30.5097, que corresponden a cortes magros enfriados y congelados. No alcanza a cortes con hueso, carnes en cuartos ni otros subproductos vacunos. Cada operación requiere un e-CERT electrónico válido para el año de entrada, específico al importador de registro y con la cantidad cubierta. Argentina debe mantener su estatus libre de fiebre aftosa con vacunación para seguir siendo elegible (CBP, 2026).

El cupo adicional de 80.000 toneladas métricas se divide en cuatro tramos de 20.000 tm administrados trimestralmente por la CBP bajo el sistema first-come, first-served. El Tramo 1 es del 13 de febrero al 31 de marzo de 2026; Tramo 2, del 1 de abril al 30 de junio; Tramo 3, del 1 de julio al 30 de septiembre; y Tramo 4, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Los tramos se llenan rápido porque la barrera de entrada no es arancelaria sino operacional. Quien no tenga al menos un importador de registro identificado en US, un e-CERT gestionado ante SENASA y capacidad de embarque lista para los primeros días de cada ventana, difícilmente acceda al cupo. La medida está formulada para 2026 sin compromiso explícito de renovación, aunque la tendencia del ganado de US sugiere restricciones de oferta que continuarán al menos hasta 2027 y 2028 (White House, 2026a).

Minerales críticos

El instrumento bilateral de minerales críticos, suscripto el 4 de febrero de 2026 y convocado por el Secretario Rubio, tampoco es un acuerdo comercial convencional. Es un mecanismo de seguridad de suministro diseñado para reducir la dependencia de US y sus aliados de la cadena de valor controlada por China en minerales esenciales para la transición energética y la industria de defensa. Argentina integra el Triángulo del Litio junto con Chile y Bolivia, con alrededor del 19% de las reservas probadas mundiales de litio concentradas en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un récord de 6.037 millones de dólares, con crecimiento interanual de cerca del 30%, lideradas por litio y cobre (Panorama Minero, 2026).

El acuerdo establece tres mecanismos principales. El primero son precios de referencia y piso para minerales estratégicos, que actúan como escudo ante la manipulación de precios que China puede ejercer al volcar excedentes al mercado. El segundo son líneas de financiamiento mediante el EXIM Bank y la DFC para proyectos de extracción, procesamiento y exportación. El tercero es la integración de Argentina a la arquitectura FORGE, Finance for Resilient Operations in Global Ecosystems, sucesora del Minerals Security Partnership, presidida inicialmente por Corea del Sur (State Department, 2026).

El RIGI, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones creado en 2024, es el vehículo normativo local que canalizará los proyectos elegibles. Ofrece estabilidad fiscal por 30 años para inversiones superiores a 200 millones de dólares, libre disponibilidad de divisas y protección ante cambios regulatorios. La combinación del instrumento bilateral con el RIGI busca reducir el descuento de riesgo que los inversores institucionales de largo plazo aplican a los proyectos argentinos.

El primer riesgo es jurisdiccional. Los recursos del subsuelo son propiedad de las provincias, no de la Nación. Un acuerdo firmado en Washington no obliga automáticamente a un gobierno provincial a agilizar permisos, y la heterogeneidad regulatoria interprovincial es alta. Los procesos de habilitación ambiental en el noroeste pueden llevar años, con independencia de lo que disponga el marco federal.

El segundo riesgo es la conflictividad territorial. Comunidades indígenas y organizaciones ambientales han cuestionado proyectos mineros en el noroeste con creciente efectividad judicial, y un conflicto activo puede frenar un proyecto tan eficazmente como la falta de permisos. La infraestructura es otro riesgo, ya que la producción en el noroeste argentino enfrenta cuellos de botella serios en rutas, acceso ferroviario y energía confiable, que elevan costos operativos y limitan la escala. Finalmente, el historial argentino genera cautela en inversores institucionales de largo plazo, y el RIGI mitiga pero no elimina ese descuento de riesgo en el costo del capital.

El fallo de la Corte Suprema de US y su impacto sobre el ARCI

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de US dictó sentencia en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump por seis votos a favor y tres en disidencia. La decisión invalida todos los aranceles impuestos bajo la IEEPA, la ley de emergencia económica internacional que el presidente Trump había usado como base jurídica de la mayoría de sus aranceles globales desde febrero de 2025. La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del Tribunal John Roberts con adhesión de jueces de distintas posiciones ideológicas, concluyó que “dos palabras separadas por dieciséis otras en la IEEPA no pueden sostener el peso de un poder arancelario ilimitado” (Supreme Court of the United States, 2026).

La decisión afecta a los aranceles recíprocos del Día de la Liberación (EO 14257 del 2 de abril de 2025) y a los aranceles por fentanilo sobre Canadá, México y China, entre otros. No alcanza a los aranceles de la Sección 232, que permanecen en vigor sobre acero, aluminio, automóviles, cobre y semiconductores, ni a los aranceles de la Sección 301 sobre China, que sobreviven bajo una base legal separada. La tasa arancelaria efectiva promedio de US cayó de alrededor del 17% a cerca del 9% como resultado del fallo (Tax Foundation, 2026; Penn Wharton Budget Model, 2026).

Para el ARCI en particular, el impacto está acotado pero es real. Las concesiones arancelarias que US había comprometido a Argentina en el acuerdo estaban referenciadas a las órdenes ejecutivas bajo IEEPA, ahora inválidas. Esas órdenes eximían a Argentina de aranceles adicionales y establecían el techo del 10% sobre bienes argentinos. Al quedar sin efecto las órdenes, el instrumento formal del ARCI perdió su anclaje arancelario del lado de US El mismo 20 de febrero, el presidente Trump firmó un arancel global del 10% bajo la Sección 122 del Trade Act de 1974, que en la práctica replica la tasa prevista en el ARCI sobre la mayoría de los bienes argentinos, aunque con una vigencia máxima de 150 días sin extensión del Congreso y un techo legal del 15% (CNBC, 2026a; NBC News, 2026).

Las concesiones de Argentina en el ARCI no dependen de la IEEPA ni de ninguna orden ejecutiva de US Son compromisos de política comercial propios, adoptados por Argentina de manera autónoma, y permanecen plenamente vigentes. Esto incluye la eliminación de licencias no automáticas, la supresión de tasas consulares y estadísticas, el reconocimiento de estándares de US, las reformas en propiedad intelectual y las disposiciones sobre comercio digital. En ese sentido, el ARCI sigue siendo operativo en lo que más importa para las empresas de US que quieren ingresar al mercado argentino o invertir en el país.

La disputa por la devolución de los aranceles cobrados bajo IEEPA, estimada en más de 160.000 millones de dólares, es una cuestión que se resolverá en el Tribunal de Comercio Internacional de US y puede llevar meses o años. Para empresas argentinas exportadoras que pagaron aranceles IEEPA durante 2025 y lo que va de 2026, corresponde consultar con representantes legales especializados en comercio de US sobre la conveniencia de presentar protestas ante la CBP dentro de los plazos vigentes (CNBC, 2026b).

Ganadores, zonas grises y sectores desafiados

El impacto del ARCI no es homogéneo. La Tabla 2 sintetiza los escenarios más probables para los sectores de mayor relevancia, incorporando el efecto del fallo de la Corte Suprema donde corresponde.

Tabla 2. Escenarios sectoriales bajo el ARCI (horizonte 2026-2028)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de USTR (2026a), White House (2025, 2026a), Infobae (2026a), Panorama Minero (2026) y análisis propio.

La industria farmacéutica ocupa una posición genuinamente ambivalente. El reconocimiento de estándares FDA facilita el ingreso de productos de laboratorios de US, lo que presiona a productores locales de genéricos. Pero el mismo mecanismo puede favorecer a laboratorios argentinos con certificaciones internacionales que quieran exportar principios activos al mercado de US La variable determinante será la velocidad de adaptación regulatoria de cada empresa.

Las economías del conocimiento y los servicios digitales son probablemente el sector con mayor beneficio neto en el mediano plazo. El reconocimiento de US como jurisdicción adecuada para datos elimina una fuente de incertidumbre legal que frenaba contratos B2B y la prestación de servicios desde Argentina hacia clientes estadounidenses. Para fondos de capital de riesgo de US que ya miraban el ecosistema tecnológico argentino, el nuevo marco reduce los obstáculos regulatorios para invertir en startups locales.

Geopolítica aplicada a negocios

Además de ser un acuerdo comercial, el ARCI es un posicionamiento geopolítico. Argentina se alinea explícitamente con US en la competencia por influencia sobre materias primas estratégicas y gobernanza del comercio global. El instrumento de minerales críticos incluye un compromiso de cooperar con US para abordar políticas y prácticas de países no orientados al mercado, referencia transparente a China. Esto implica que empresas chinas con presencia en proyectos mineros argentinos, como Ganfeng Lithium en Cauchari-Olaroz, pueden enfrentar mayor escrutinio para futuras expansiones o nuevos proyectos (White House, 2025).

Para una empresa de US que evalúa Argentina en minería o energía, esa señal significa que el riesgo de que un competidor chino, con mejor financiamiento, desplace un proyecto avanzado, disminuye. Pero el mismo posicionamiento tiene costos. Empresas argentinas con socios chinos en proyectos existentes deben analizar si el nuevo marco genera obligaciones de divulgación o restricciones que antes no existían.

En el plano regional, el acuerdo profundiza la diferenciación entre Argentina y Brasil. El gobierno de Lula mantiene equidistancia estratégica entre US y China, fue reticente al acuerdo Mercosur-UE y no asistió a la firma en Asunción. Esa diferencia de posicionamiento configura un Mercosur con tensiones de fondo que pueden afectar el comercio intrazona, especialmente en el sector automotriz. La negociación técnica de reglas de origen al interior del bloque será un indicador anticipado de cuánto cuesta ese alineamiento en términos de relaciones regionales.

El acuerdo Mercosur-UE, aprobado por la Cámara de Diputados argentina el 13 de febrero de 2026 con 203 votos a favor, merece una mención específica como señal de diversificación estratégica. Argentina no quiere depender de un único socio comercial de primer nivel, y haberlo firmado en el mismo período que el ARCI es un mensaje deliberado de autonomía relativa. Sin embargo, sus efectos comerciales concretos son inciertos y lejanos en el tiempo. El Parlamento Europeo remitió el instrumento al Tribunal de Justicia de la UE el 21 de enero de 2026, un proceso que históricamente lleva entre uno y dos años, al que habría que sumar los plazos de ratificación en los 27 parlamentos nacionales para el componente político del acuerdo. En el horizonte 2026-2028 que cubre este análisis, ese acuerdo no constituye un factor de impacto comercial real para la mayoría de los sectores (Infobae, 2026a; Real Instituto Elcano, 2026).

La duración del alineamiento argentino con Washington más allá del gobierno Milei es una variable relevante para inversores de largo plazo. Las elecciones presidenciales de octubre de 2027 son relevantes en ese sentido. La pregunta de fondo no es si el ARCI podría revisarse en otro contexto político, sino si las reformas estructurales que lo acompañan sobreviven un eventual cambio de gobierno. Históricamente en Argentina, las reformas operativas en el plano del comercio exterior tienden a ser más duraderas que las políticas macroeconómicas. Eso ofrece un piso de estabilidad, aunque no una garantía.

Claves prácticas para actores argentinos y estadounidenses

La ventana de la Proclamación se llena rápido. Los frigoríficos con capacidad exportadora hacia US tienen que tener sus e-CERT gestionados ante SENASA antes del inicio de cada tranche trimestral. El primer tramo, que va del 13 de febrero al 31 de marzo de 2026, ya está corriendo. Para empresas en economías regionales, vinos y productos gourmet, el acceso sin doble certificación es una oportunidad de posicionamiento de marca. La recomendación es identificar distribuidores o importadores en US con experiencia en productos premium sudamericanos y avanzar en acuerdos de representación antes de que el mercado se llene. Para empresas tecnológicas y de servicios, el reconocimiento de US como jurisdicción adecuada para datos implica revisar contratos con cláusulas de localización de datos y actualizar políticas de privacidad.

Las empresas que exportaron a US durante 2025 y principios de 2026 y pagaron aranceles IEEPA sobre sus productos deben evaluar, junto con asesores legales especializados en comercio exterior de US, si corresponde presentar protestas ante la CBP para preservar eventuales derechos de reembolso.

Las provincias mineras necesitan entender que el instrumento bilateral crea expectativas en Washington que serán monitoreadas. Un gobernador que acepta inversiones bajo el RIGI y luego enfrenta judicialización ambiental sin haberla anticipado pone en riesgo no solo el proyecto individual sino la credibilidad de la provincia como destino de inversión extranjera. Hay antecedentes activos de conflictos territoriales para minería de litio en el noroeste que conviene conocer antes de comprometer habilitaciones.

Para municipios con parques industriales o zonas francas, la apertura implica tanto amenazas como oportunidades. Algunos fabricantes locales perderán competitividad frente a bienes de US que antes enfrentaban licencias o doble certificación. Al mismo tiempo, nuevas plantas logísticas, centros de distribución regional y, con el tiempo, operaciones de nearshoring de empresas de US pueden instalarse en esas jurisdicciones si hay infraestructura y predictibilidad regulatoria.

El ARCI y el instrumento de minerales críticos reducen dos riesgos históricos para la inversión directa en Argentina. El riesgo regulatorio disminuye porque el reconocimiento mutuo de estándares y el RIGI ofrecen estabilidad jurídica explícita a nivel de proyecto. El riesgo de contraparte soberana se mitiga por el paraguas político de la relación bilateral con Washington. El riesgo macroeconómico persiste pero tiene menor peso relativo para proyectos con horizonte de largo plazo y flujos en moneda extranjera garantizados por el RIGI.

El fallo de la Corte Suprema del 20 de febrero no cambia el atractivo estructural de Argentina como destino de inversión en minería, agroindustria y economía del conocimiento. Lo que sí agrega es una capa de incertidumbre sobre la arquitectura arancelaria de US en el mediano plazo que conviene monitorear, porque la Sección 122 tiene fecha de vencimiento y el Congreso de US deberá decidir si codifica legislativamente alguna versión de los aranceles. Los sectores con mejor ecuación riesgo-retorno para inversores de US son los que combinan demanda estructuralmente alta en ese mercado, ventaja comparativa argentina difícil de replicar y marcos jurídicos estables a nivel del proyecto.

Referencias

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Infobae. (2026a, 13 de febrero). Con apoyo de parte del peronismo, Diputados ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. https://www.infobae.com/politica/2026/02/13/con-apoyo-de-parte-del-peronismo-diputados-ratifico-el-acuerdo-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-la-union-europea/

NBC News. (2026, 20 de febrero). Supreme Court strikes down most of Trump’s tariffs in a major blow to the president. https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-strikes-trumps-tariffs-major-blow-president-rcna244827

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